La Cámara de Diputados de San Juan, se apresta a tratar en el recinto, una nueva Ley de Responsabilidad del Estado, que desde el pasado miércoles, ya cuenta con despacho favorable de las comisiones de Justicia y Seguridad y de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Se trata de una Ley que va a establecer los parámetros que se utilizarán en el futuro, para delimitar las responsabilidades del estado, lo que servirá para la celebración de contratos y para que los jueces dictaminen en posibles conflictos que se presenten”.
Así lo resumió en el programa Cuestionario de Radio De La Paz, el presidente de la Comisión de Legislación, Juan De La Cruz Córdoba.
El diputado explicó que “el proyecto de Ley que venimos tratando esta semana, regula sobre la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes y derechos de las personas”.
Indicó que “hasta ahora, frente a un conflicto donde se debe establecer la responsabilidad del estado, los jueces vienen aplicando diferentes legislaciones para establecer hasta donde le toca y hasta donde no, resarcir o solucionar problemas que el estado pueda provocar a terceros con su actividad o su falta de actividad”.
Córdoba, preside la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, que en conjunto con la Comisión de Justicia y Seguridad que encabeza la diputada Marcela Quiroga y varios diputados de ambos grupos de trabajo legislativo, como Enzo Cornejo, Franco Aranda, Horacio Quiroga, Fernando Patinella, Pedro Albagli, Alejandra Leonardo, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Mario Herrero, Luis Rueda, Sonia Ferreyra, y Stella Caparros, Leopoldo Soler y Gabriel Sánchez, vienen estudiando el proyecto en la Legislatura.
Córdoba señaló que “para darle un tratamiento adecuado, recibimos en el seno de las comisiones a los jueces José Luis Miolano y Adriana Tettamanti, que fueron convocados para resolver dudas sobre el proyecto”.
Indicó que “haciendo un análisis de varios aspectos de la Ley Nacional 26944 a la cual se propone adherir la provincia, encontramos que se hace necesario brindar un marco legal en la provincia para dar una herramienta única a aplicar en casos de responsabilidad estatal directa, e incluso en subsidio, para el caso que la que provocare un perjuicio, sea una empresa contratada por el estado”.
