El expresidente se presentó ante el magistrado Julián Ercolini; rechazó cualquier vinculación con la maniobra; solo le contestó a su abogada.
El expresidente Alberto Fernández se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria en la causa de los seguros: negó cualquier vinculación con la maniobra, dejó en el juzgado un escrito y no accedió a responder preguntas del juez ni del fiscal. Solo contestó las de su abogada.
El expresidente llegó al juzgado de Julián Ercolini a las 9.30, media hora antes de la cita, acompañado por la letrada que lo defiende en esta causa, Mariana Barbitta, y rodeado de personal de seguridad y de gente de la Cámara de Casación, que tiene a su cargo la custodia del edificio. Se fue a las 12.44.
“Yo creo que este acto es nulo. Pedí la nulidad de la declaración indagatoria porque no cumple con ninguno de los requisitos”, comenzó diciendo el exmandatario, luego de que se le leyeran las acusaciones y él diera a conocer que iba a presentar un escrito.
El expresidente aseguró en su indagatoria que el decreto presidencial que firmó sobre cómo debían contratar seguros las dependencias públicas –por el cual está vinculado a la maniobra– puso fin a un periodo de cartelización. “Hasta el decreto 823/2021 que yo dicté, el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios”, sostuvo Fernández. “Estamos hablando es de una decisión política que no debería ser objeto de materia penal ni de judicialización”, dijo, y agregó: “No entiendo qué hago dando explicaciones de esto ante un juez penal”. Fernández dijo incluso que el decreto de Ercolini que lo citó a indagatoria fue “decrépito”.
“La situación fue tensa”, dijo Barbitta al término de la audiencia, y recordó que Fernández había recusado a Ercolini. Juez y expresidente tienen un pasado en común: los dos fueron discípulos de Esteban Righi (exministro del Interior de Héctor Cámpora y exprocurador durante el kirchnerismo). Hoy, Fernández lo recordó en un pasaje de su declaración, cuando dijo que estaba allí declarando porque Righi le enseñó a cumplir con las obligaciones.
En el expediente, Fernández es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para los organismos públicos. El exmandatario firmó en 2021 un decreto por el cual obligaba a las dependencias del Estado a contratar pólizas de seguro a través de Nación Seguros S.A..
Hoy, en su exposición ante el juez, el expresidente se refirió reiteradas veces a ese decreto y negó que sea una prueba de su presunta relación con la maniobra. “Cuando el decreto llegó a mi firma, tenía un artículo, creo que era el 3, que autorizaba que las contrataciones se hicieran a través de productores de seguros. Y ordené sacar ese artículo. Con lo cual el decreto lo que impone es la obligación de contratar en directo, por acuerdos interjurisdiccionales, los contratos de seguros que el Estado tome”, sostuvo.
“Quiero dejar en claro que el decreto 823, lo que logró, fue terminar con un sistema de cartelización corrupta que aseguraba los bienes del Estado. Desde su dictado no hubo un solo intermediario de seguros”, insistió el expresidente.
Nación Seguros S.A., perteneciente al banco homónimo, contrataba a brokers que intermediaban en la operatoria y cobraran comisiones, como Héctor Martínez Sosa, cuya esposa, María Cantero, era la secretaría del expresidente. Ambos están imputados en la causa por usufructuar su cercanía al Poder Ejecutivo y están citados a declarar en indagatoria este jueves.
Chats
Durante la indagatoria, Fernández solo contestó preguntas de su defensa, pero según relató la abogada Barbitta, su cliente accedió a que el fiscal Rívolo le exhibiera un intercambio de mensajes que mantuvo con su secretaria Cantero. “El Ministerio Público Fiscal hizo una propuesta para que le exhibiéramos unos chats. Accedió a la defensa, se lo leímos y él pudo explayarse”, contó la abogada.
Los chats que le fueron exhibidos a Fernández son aquellos en los que su secretaria Cantero le solicita al expresidente que interceda para que su marido Martínez Sosa pueda retener los contratos de la cancillería. “Jefe tengo un problemita, están sacándole Cancillería a Hecky [por Martínez Sosa] y están nombrando otro productor”, le escribió Cantero a Fernández, en mayo de 2023. “Hecky va a hablar con Juan Manuel [Olmos]. Ya le sacaron algunas cuentas. La Cámpora arma broker, pero Cancillería son nuestros (SIC)”, completó. Preocupada, la secretaria insiste con los contratos de cancillería y Fernández le contesta: “Ya me ocupo”.
El fiscal Carlos Rívolo acusa a Fernández de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Debo confesar que Martínez Sosa se quejaba de que le iba mejor con Macri que conmigo, cosa que me enaltece”, dijo Fernández sobre el final de su declaración.
En el edificio se había montado un operativo especial por esta indagatoria. En el cuarto piso, donde está el juzgado, se desplegaron por lo menos 15 de los 40 uniformados de la federal con los que se reforzó la seguridad, este miércoles, en los tribunales. Fueron rotando de guardia frente al juzgado cada poco más de media hora y se encargaron de despejar los pasillos cuando el expresidente entró y salió del despacho de Ercolini.
Fernández trató de evitar la indagatoria con un escrito que su abogada presentó la semana pasada pidiendo la nulidad de la declaración. El magistrado dijo que se trataba de una “maniobra dilatoria”, rechazó el planteo y ratificó así su indagatoria. Barbitta confirmó que apelarán esta decisión mañana jueves.
Ahora, el juez Ercolini cuenta con un plazo de 10 días para resolver la situación judicial de Fernández: podrá procesarlo, dictar su sobreseimiento o disponer una falta de mérito, si considera que todavía faltan elementos. En ese caso, le devolvería la causa al fiscal Rívolo para que siguiera investigando.
La ronda de indagatorias continúa este jueves con Martínez Sosa y su pareja Cantero. Los seguirán distintos funcionarios que participaron de la maniobra que investiga la Justicia, como Alberto Pagliano, director de Nación Seguros y Gustavo Carlos García Argibay, quien integró el directorio del Banco Nación. En total, son 39 las personas citadas por el juez.
Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA”.
Fernández tiene prevista otra indagatoria ante el juez Ercolini el 11 de diciembre en el marco de la causa por presuntas agresiones contra su expareja Fabiola Yañez. Allí, el fiscal del caso es Ramiro González, quien también intervino al inicio de la causa seguros.
Fuente: La Nación
