Se trata de una modificación a la normativa del Registro Provincial de Obras Sociales.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó en la mañana de hoy en una sesión especial una modificación a la normativa del Registro Provincial de Obras Sociales, que busca agilizar el recupero de gastos de pacientes con emergencias médicas que se hacen atender en los hospitales públicos, aunque tengan obra social.
El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, explicó que hacía falta el cambio porque en febrero pasado el Gobierno Nacional, por decreto, dispuso que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se retira de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en lo concerniente al cobro de prestaciones. Se trata de los servicios que los hospitales brindan a afiliados de obras sociales.
Ahora será el Gobierno sanjuanino, a través del Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud, el que saldrá negociar con las obras sociales, seguros y prepagas, el cobro de las prestaciones efectuadas. El funcionario reconoció que habrá una “actualización” de los aranceles, porque los actuales estaban muy desfasados.
El ministro calculó que, de cada 10 pacientes que se atienden en los hospitales públicos, al menos 4 tienen obra social, que son las que deberán responder por los costos de las prestaciones.
Estimó que, a valores del año pasado, se trata de unos 120 millones de pesos por mes, que ahora serán sensiblemente superiores.
Dobladez aclaró que ahora vendrá una etapa de “reglamentación” de la norma para ponerla en marcha “lo antes posibles” porque reconoció que hay apuro en contar con el sistema para no desfinanciar al sistema de salud.
Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de cualquier accidente en la vía pública y si hay asistencia de ambulancias del sistema de salud, el herido es atendido en un hospital público, con un alto costo para el Estado. Con el cambio de la ley buscan agilizar la cobranza.
Hasta febrero pasado, previo a que se aplicar el decreto nacional, los hospitales que atendían a afiliados de obras sociales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El argumento del decreto para que esa posibilidad caduque fue que es que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud actuaba de “forma disfuncional en el trámite de facturación, con el consecuente retraso y acumulación de trámites”.
El decreto habilita a las obras sociales a celebrar convenios con los hospitales, “tendientes a establecer el mecanismo para implementar el pago de las prestaciones, ya sea a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente o en forma individual”.
Por eso es que el Gobierno provincial apuró la modificación de la legislación para poder celebrar los acuerdos con las obras sociales, prepagas y seguros.
