El EPRE San Juan estudia la resolución nacional y determinará en unos días la posición que tomará la provincia frente a la imposición nacional.
El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, Roberto Ferrero, dijo que por orden del gobernador Marcelo Orrego “estamos estudiando la resolución de la Secretaría de Comercio que prohíbe a los municipios cobrar tasas municipales en la boleta de la luz”.
El funcionario dijo que “una vez que terminemos ese estudio vamos a emitir opinión” y que “estamos terminando las consultas y analizándolo porque es un tema delicado e interconsultas con otras provincias, es un tema que no abarca solo a San Juan, abarca a todas las provincias” y que “hay que ver que la decisión que se adopte no sea contraria a lo que se adopte en otros lugares”.
De todos modos Ferrero aclaró que “hay tener en claro una cosa, que en principio, en San Juan no estamos hablando el mismo idioma que se habla en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde en la factura del servicio eléctrico se incluye el seguro de sepelio, el club, los bomberos voluntarios y otras cosas, y esa no es la situación de la provincia de San Juan”.
Explicó que “los ítems que están incluidos en la factura en la provincia, están claramente identificados y tienen que ver con la prestación del servicio. Hablar de un paralelismo de lo que sucede en otras jurisdicciones no sería justo, porque no tiene nada que ver”.
Ante una consulta, reconoció que “hubo en algún momento, un proyecto de ley que se promovió, donde se permitía poner las cuotas de los clubes sociales, solicitando a las distribuidoras que se incluyera en la boleta, la cuota social de tal o cual club, lo cual en algún momento estuvo vigente, pero ahora no, porque todo eso quedó desactivado cuando se revisaron los ítems que habían sido aprobados por el EPRE, en el Acuerdo San Juan”.
Por último, Ferrero dijo que “lo que hay que mirar ahora es la resolución nacional y en que impacta en la provincia y si tiene o no jurisdicción en la provincia” y “tener antes de los 30 días de emitida la resolución, una posición tomada”.
