Las pruebas fueron obtenidas tras una serie de allanamientos a diferentes agrupaciones. Se detalló que las personas eran amenazadas con que se “les daría de baja la prestación y/o se les negarían alimentos”.

La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello esclareció una trama de extorsión que involucra a agrupaciones piqueteras en Argentina. Los detalles de los chats obtenidos en la causa comprueban sobre la coerción ejercida a los beneficiarios de planes sociales a cambio de asistencia a movilizaciones y pagos monetarios.

“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada” o “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, son algunas de las frases que forman parte de la investigación.

La denuncia inicial se presentó tras una convocatoria del gobierno de Javier Milei, para que se reportara cualquier forma de extorsión por parte de las organizaciones piqueteras a la línea 134 del Ministerio de Seguridad.

Más de 13,000 llamadas fueron recibidas, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. De esa cantidad, 924 denuncias fueron consideradas pertinentes para la investigación. La Fiscalía, en colaboración con el Departamento de Crimen Organizado de la PFA, recopiló pruebas de las actividades ilícitas, incluidos mensajes de texto, informes administrativos y registros de llamadas telefónicas.

De esta forma, la información permitió identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar sus condiciones tales. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónicas de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.

Según el dictamen de la fiscalía, estas agrupaciones operaban bajo la apariencia de actividades solidarias, como la administración de comedores populares, para exigir dinero a los beneficiarios de planes sociales. Además, se les obligaba a asistir a movilizaciones políticas y a pagar cuotas bajo la amenaza de perder su asistencia estatal.

Según informó Infobae, se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, que eran obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, mientras los acusados se quedaban con las ganancias.

El dictamen indicó que todo eso ocurrió “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”.

Además, se constató que se estableció un sistema de control y sanciones sobre los beneficiarios para mantener la actividad en el tiempo y asegurar su funcionamiento. Este sistema incluyó la registración de la asistencia a las movilizaciones al inicio y al final, la elaboración de listas de personas castigadas que debían cumplir nuevas tareas para reparar su sanción, la imposición de multas de hasta $10.000 por cada ausencia a una marcha, la exigencia de justificar las ausencias con comprobantes de impedimentos como turnos médicos o trámites, y la prohibición temporal de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos como consecuencia de los incumplimientos, entre otras medidas.

Cómo funcionaban las estructuras organizativas

El fiscal Policilla indicó que existió una “estructura organizativa piramidal”, identificada por la investigación, que muestra una jerarquía de poder desde los delegados hasta los referentes, cada uno con roles específicos en la extorsión y control de las víctimas.

En el estrato inferior se encuentran los “integrantes de las listas de espera”: personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de ‘movilizaciones’ o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo.

A ellos le siguen los “beneficiarios comunes”: reciben la prestación social, pero a cambio se les exige su dinero y su asistencia a las movilizaciones.

En una posición arriba tenemos el grupo de personas que son anotadas como “beneficiarios del doble” de dicha prestación social. Ellos recibían diferentes tareas y se los denominaban “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”.

Encima de estos grupos encontramos los “delegados”: recibían el doble, triple o cuádruple de dinero. Ellos transmitían las exigencias al resto, eran encargados de cobrar y de dirigir el mecanismo de control.

En el nivel superior están posicionados los “referentes”: dirigen la actuación de los delegados, controlan la recaudación y la asistencia a las movilizaciones.

Los allanamientos y análisis de pruebas telefónicas permitieron identificar a los responsables de estas acciones, incluidos Jeremías Cantero y Elizabeth del Carmen Palma, quienes ocupaban posiciones clave en la coordinación y ejecución de la extorsión.

Según la fiscalía, Cantero coordinaba el funcionamiento de varios comedores y era el supuesto “extorsionador” de víctimas. En cuanto a Palma, era la encargada de subir al sistema informático los datos que reflejaban que víctimas cobraban y cuáles dejaría de ser parte del plan.

Fuente: Diario Los Andes