Pese al incremento de la asistencia del Estado, aumentó fuertemente en el primer semestre del año; la indigencia fue 18,1%; en la Argentina hay casi 25 millones de pobres.
Con una herencia dominada por la peor inflación en más de tres décadas, y tras impulsar un fuerte ajuste fiscal y una significativa devaluación, la crisis social se profundizó en la Argentina. En lo que significa el primer dato oficial sobre las condiciones de vida de los argentinos del presidente Javier Milei, y pese al intento del Gobierno por contener a los segmentos desprotegidos, la pobreza creció al 52,9% en el primer semestre del año. Es la más alta desde 2003.
El dramático número fue calculado por los técnicos que trabajan en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec e informado esta tarde por el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna. La cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales a todos el país, llega a casi 25 millones. La indigencia saltó a 18,1% y alcanza a 8,5 millones personas.
La cantidad de niños pobres de entre 0 y 14 años llegó a 66,1% (al cierre del año pasado era 58,4%). Esto implica que hay 7,3 millones de chicos pobres.
Si se tiene en cuenta que 2023 cerró con 19,5 millones de personas en la pobreza, se habrían sumado en seis meses 5,4 millones de nuevos pobres. En tanto, habrían caído en la indigencia casi tres millones de personas.
El aglomerado con mayor pobreza del país fue Gran Resistencia, con 76,2%. Formosa aparece después con 67,6%; La Rioja, con 66,4% y Santiago del Estero-La Banda, con 64%. La Ciudad de Buenos Aires es la que muestra menos cantidad de pobreza relativa (23,1%). En niveles absolutos, en los partidos del conurbano viven más de 2 millones de pobres.
El año pasado -al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner- había terminado con una pobreza de 41,7% y una indigencia de 11,9% en un contexto de caída de la economía, del empleo, de los salarios y de una inflación que se triplicaba en sólo un año. Cuando el cuarto gobierno kirchnerista comenzó su gestión, la pobreza era de 35,5%.
El intento de estabilización de la economía argentina, con la devaluación de diciembre (suba de precios y licuación de ingresos) y el fuerte ajuste fiscal profundizó la tendencia de deterioro social, sobre todo en el primer trimestre. Sufrieron los ingresos de los trabajadores formales, informales, las jubilaciones y pensiones, y se perdieron más de 100.000 empleos en la construcción, el comercio y la industria. Además, se perdieron puestos de trabajo informales. El trabajo se precarizó más.
El ajuste hizo, además, que hubiera menos demanda desde las clases medias de trabajo pobres informales (menos cartoneo, jardinería, viajes en remises, horas de trabajo doméstico, venta ambulante, de artesanías y servicios de cuidado). De ahí que la indigencia también se incrementó a pesar de que, desde el primer momento, hubo subas de 100% en los planes. Estos, según cuentan los especialistas, sirvieron para compensar ingresos, pero no para cubrir la pérdida de trabajo.
A partir del segundo trimestre, la fuerte baja de la inflación y las actualizaciones en jubilaciones y planes sociales, sumado a la suba de los salarios formales -con cierres de paritarias- e informales, el freno en la caída del empleo formal y la aparición de nichos de trabajo informal y cuentapropista lograron una baja de la pobreza y la indigencia.
Los analistas creen que esta tendencia -ralentizada- se habría sostenido en el tercer trimestre. Esto, en un marco de “brotes verdes” mensuales en algunos sectores puntuales y de recuperación tras la devaluación de casi la totalidad del salario formal registrado -solo un tercio de la masa salarial- a niveles de noviembre, un punto temporal en que ya arrastraban cinco años de baja. Tal situación se da en un contexto de estancamiento en la baja de la inflación pese al ancla cambiaria.
La política del Gobierno
Apenas asumió Milei, el Gobierno impulsó la desintermediación de la política social. En diciembre de 2023, el 50% de los recursos se distribuía a través de intermediarios, mientras que el otro 50% se destinaba de manera directa a las familias. Para junio de 2024, esta distribución cambió significativamente, con un 82% de los recursos ejecutados mediante transferencias directas a las familias. Además, hubo un aumento del 100% de la AUH en enero de 2024 y la tarjeta alimentar durante el primer semestre. Desde julio, se actualizan, con una nueva fórmula de movilidad por decreto, las jubilaciones por inflación.
“Sin la nueva fórmula de actualización, la AUH se habría mantenido en un 27,3% de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, gracias a la actualización del monto en enero, dicho poder de compra aumentó significativamente, alcanzando el 59,4% en agosto de 2024, lo que supone un incremento de 32,1 puntos porcentuales. El cambio de la fórmula de actualización a partir de julio de 2024 -ajustando el valor mensualmente por una fórmula basada en el IPC- garantiza que la AUH no pierda poder de compra”, indicaron fuentes del Ministerio de Capital Humano.
“Al sumar el monto de la Tarjeta Alimentar, el poder de compra combinado de ambas prestaciones llega al 97,7% de la canasta básica alimentaria, lo que mejora de manera notable la capacidad de las familias beneficiarias para cubrir sus necesidades esenciales”, indicaron en la cartera que conduce Sandra Pettovello.
La AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) subieron en un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, según datos oficiales, y la Tarjeta Alimentar, un 137,5%. La inflación acumulada de diciembre incluido a agosto (último dato disponible) fue de 144,4%. El Gobierno, además, remarca el “fortalecimiento” del Plan 1000 días, que mostró incrementos de 1126% entre diciembre de 2023 y septiembre de este año. Por otra parte, afirman que se reforzaron las asistencias en comedores y merenderos (actualmente, se atienden unos 4834, según datos oficiales).
Fuente: La Nación
