El jefe comunal dijo que no descartan llevar a la Justicia Penal a los responsables si hallan pruebas de manejos irregulares.
La polémica por la expropiación de la ex bodega La Superiora, que ha puesto contra las cuerdas a la Municipalidad de Rawson, porque por una decisión judicial deberá pagar una deuda que trepó de 1,8 millones de pesos a 370 millones, por el revalúo de la propiedad, crece cada día más. Ahora, desde la gestión de Carlos Munisaga no descartan llevar a la Justicia Penal a los responsables si hallan pruebas de manejos irregulares. «Las negligencias están», dijo el intendente en declaraciones a la prensa este lunes. Y un funcionario del equipo municipal, Adriel Fernández, no dudó de hablar de “corrupción” por lo sucedido.
«Yo lo que ahora tengo que defender es el interés de Rawson, primero que nada. Es que allí, en ese expediente, agotar todas las posibilidades de defensa para que ese daño no se materialice. Y a la par, todos los responsables tendrán que tener su cauce y hacerse cargo. Pero concentradas todas las energías ante la urgencia de encontrar las instancias de defensa en el proceso judicial», sostuvo el jefe comunal.
En la misma línea, el secretario de Modernización de la Municipalidad de Rawson, Adriel Fernández, quien se encarga del asesoramiento legal del asunto, habló de maniobras que le llamaron la atención a la actual gestión que encabeza Munisaga, cuestionando desde al abogado de la gestión anterior, Pablo Manzur, hasta a los miembros del Tribunal de Tasaciones y la jueza Adriana Tettamanti que intervino en el proceso. Habló de «corrupción» y dijo que «si ya pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? En una situación de extraña indefensión del municipio, en la cual solamente si es corregido un número, que es dólar blue o dólar oficial, nos vamos a la mitad del valor».
Fernández se explayó sobre cómo consideran la actuación de cada pieza del proceso iniciado durante la gestión de Juan Carlos Gioja (PJ). Consultado sobre si cree que hubo alguna intencionalidad en sacarle todo lo que se pueda al municipio para enriquecer a un grupo de personas, dijo que «las intenciones en todo caso las tendrá que evaluar algún tipo de autoridad competente mirando las pruebas, pidiendo explicaciones. Lo que sí puedo afirmar es que la defensa técnica fue nefasta. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estamos en una situación en la cual quien debía ser diligente, fue negligente. Quien debía velar por la correcta tramitación de las causas y plantear recursos o impugnaciones en el tiempo oportuno. Hubo una tasación que demoró dos años, tiene 300 páginas. Y hubo otra que demoró un mes y tiene 15 páginas. En la que el municipio no intervino en ningún momento. Conociendo que se estaba llevando adelante», se quejó Fernández en alusión a Manzur, en declaraciones este lunes a radio Estación Claridad.
Incluso, el funcionario de Munisaga no descartó avanzar en una denuncia penal contra alguno de los que consideren responsables, cargando tintas sobre la gestión del también peronista Rubén García. «En principio tenemos que impulsar un análisis administrativo interno. Que obviamente yo ya tengo mis conclusiones, pero prefiero esperar a que se expida de manera formal el organismo que corresponde internamente. También está haciendo lo propio el Concejo Deliberante de Rawson y eventualmente, a raíz de las conclusiones a las que se arriben, vamos a impulsar los procesos penales que consideremos oportunos. En caso de que estas conclusiones nos lleven a plantear que existe algún tipo de situación irregular que tenga que ver con el fuero penal».
No obstante esa cautela, Fernández habló de esta situación comparándola con la de la megacausa que se judicializó a nivel provincial. «Hay que leer el diario. Yo soy joven, pero entiendo que hoy tenemos una megacausa por expropiaciones, en la que también había miembros de tribunal de tasación, fiscales del Estado, abogados, etcétera. No sería demasiado descabellado pensar en un banquillo de acusados con aristas similares», lanzó.
